El gran objetivo de la legislación en seguridad minera es la reducción de accidentes e incidentes en la industria de los minerales

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10 Febrero, 2017

Las empresas tienen la obligación de brindar todo el equipo de seguridad para los operarios en la labor minera. (Fuente: Peruoaisminero.org)

La seguridad es uno de los temas relevantes dentro de la actividad minera. La normatividad en esta materia, durante los últimos tiempos, ha venido desarrollándose de forma amplia en el sentido de proporcionar una mayor protección a los trabajadores, que son el elemento clave para el desarrollo de la industria extractiva.

“Dentro de una adecuada gestión de seguridad, la parte legal expresa aquellas obligaciones y exigencias que todo titular minero debe cumplir en salvaguarda de la integridad de sus empleados”, declara el especialista de la Cámara Minera del Perú, Ricardo Carrasco Francia, quien añade: “La minería es una actividad riesgosa, pero se debe hacer todo lo posible para que su desarrollo se lleve a cabo con la menor cantidad de accidentes”.

Cuando se produce un accidente, los trabajadores tienen la obligación de reportar sobre el mismo, dentro de las 24 horas, a la autoridad competente. También existe la necesidad de investigar la forma cómo se desarrollaron los hechos, y esta responsabilidad no es solo del titular de la empresa minera, sino también del Ministerio de Trabajo. El empresario debe averiguar la forma en que sucedió el accidente para tomar las medidas adecuadas y minimizar las posibilidades para que se vuelva a repetir. Por su parte, la entidad estatal investiga para determinar la sanción que se debe aplicar a las empresas, en caso no se haya cumplido una norma de seguridad estipulada.

Uno de los elementos más importantes en la normatividad es la presencia de derechos y obligaciones, esto se aplica tanto a jefes como a los trabajadores. En el ámbito de seguridad minera, el empleador tiene el derecho a que los miembros de su personal cumplan con el reglamento en el que se les ha instruido, y tiene la obligación de brindarles las condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo, para que lo realicen de forma segura. A efecto de cumplir con esto, el empresario minero debe asumir de manera absoluta los costos relacionados con los programas de seguridad y salud ocupacional.

Así como sucede esto, también existen derechos y obligaciones para los trabajadores. Los empleados tienen el derecho de solicitar al Comité de Seguridad las inspecciones e investigaciones que consideren necesarias, deben conocer los riesgos existentes, tienen la facultad de retirarse de las áreas de trabajo ante un peligro de alto riesgo y obtener información sobre seguridad y salud en el área de faena. Entre sus obligaciones están cumplir con las normas e instrucciones de seguridad y salud en el centro de labores, usar adecuadamente los instrumentos de protección personal, no operar ni manipular elementos para los cuales no hayan sido autorizados y someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa.

En el caso peruano el Ministerio de Energía y Minas informó que desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, además de otras medidas complementarias, los accidentes mortales en minería se han disminuido progresivamente. Las normas de seguridad se han perfeccionado con el tiempo, lo que ha permitido reducir los accidentes mortales desde el año 2011, en que se aplica el mencionado dispositivo legal”, señaló Edgardo Alva Bazán, Director General de Minería del MEM.

El año pasado se registraron 32 accidente mortales, 15 menos a los declarados en el 2013 -es decir 47- por las empresas mineras que realizan sus actividades en territorio peruano, predominando el desprendimiento de roca como la primera causa de estos incidentes, seguido de los de tránsito. Uno de los principales cambios de la normativa mencionada estuvo en la facultad, por parte de las empresas, a tercerizar la gestión, la implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de mejorar el sistema y sin quitarle a los empleadores el liderazgo y responsabilidad.

Se precisa que los empleados tienen derecho a ser transferidos, en caso de accidente o enfermedad laboral, a otro puesto que implique menos riesgo para su integridad, sin menoscabo de sus derechos remunerativos, salvo en el caso de invalidez absoluta permanente. En cuanto a la salud ocupacional, el empleador tiene la obligación de realizar exámenes médicos cada dos años a sus trabajadores. En el caso de aquellos operarios que realizan actividad de alto riesgo, los jefes deben realizar estas pruebas antes, durante y después de la relación laboral.

Chile es otro país que lucha por reducir el número de accidentes fatales en el negocio extractivo. Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el 2014 se registraron 22 fatalidades, 3 menos que el 2013. Ese mismo año se publicó una actualización en su reglamento donde, en el apartado de la seguridad, similar a lo que sucede en la legislación peruana, se indica que las empresas deberán velar por la integridad de las personas, equipos e instalaciones.

Entre sus obligaciones se establece que debe contar con asesoría, por lo menos una vez cada seis meses, prestada por un experto en Prevención de Riesgos. Tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores en el método y procedimientos de operación idóneos para ejecutar correctamente su trabajo. Proporcionar a los operarios, de forma gratuita, elementos de protección personal certificados y adecuados a la función que desempeñan.

En cuanto a procedimientos relacionados con la información de seguridad, las compañías deben comunicar al personal sobre las medidas generales de seguridad que se apliquen en la faena, y mantener un registro escrito de las personas que ingresen a ella. Informar a los empleados sobre los procedimientos de emergencia y rescate que, a lo menos, comprendan la activación de alarmas, evacuación, salvamento con medios propios o ajenos, medios de comunicación y elementos necesarios para enfrentar dichas emergencias. Por último, se debe confeccionar mensualmente la información estadística de accidentes producidos.

Lo recomendable es que el ejemplo de Perú y Chile sea copiado por otros países donde el número de muertes es mayor. Por ejemplo, en Colombia, según datos proporcionados por la Agencia Nacional de Minería 120 personas perdieron la vida el 2014 en el país cafetero y entre el 2004 y el año pasado, los derrumbes y accidentes electromecánicos fueron los mayores causantes de accidentalidad. En total, en la última década cerca de 1000 trabajadores mineros perdieron la vida en la realización de su labor. El 45% de esa cantidad se le adjudica a los sucesos en la minería ilegal.

En el caso mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó a la Cámara de Diputados de ese país, que en la última década los accidentes laborales crecieron 147% y que los ejecutivos solo brindaron protección al 6%, estando los mineros entre los trabajadores más propensos a sufrir incidentes y enfermedades ocupacionales.

Como muestra de la importancia de la seguridad en el negocio minero, los gerentes, superintendentes y jefes de seguridad de las principales compañías mineras peruanas dieron un paso adelante en la hoja de ruta hacia la consecución de cero accidentes mortales. Las propuestas de los participantes se agruparon en cuatro líneas de trabajo. La primera fue generar comportamientos preventivos, se precisó la necesidad de comunicar a los trabajadores el comportamiento precautorio deseado y monitoreado. La segunda propuesta estuvo relacionada con el desarrollo de estándares en la prevención de accidentes mortales, para esto se debe identificar la tipología de fatalidades por grado de recurrencia en los últimos años y reconocer protocolos para el control de las fatalidades desarrollados por las empresas de clase mundial y determinar las brechas existentes en el Perú.

Con respecto a la integración y cooperación ante emergencias, se consideró necesario identificar las buenas prácticas de las empresas líderes en el mercado, así como desarrollar y difundir ese tipo de documentos, para posteriormente verificar su cumplimiento. Por último, estuvo el establecimiento de procesos para el desarrollo de competencias, capacitación y certificación, dirigidos para el personal que realiza las actividades con mayor riesgo de fatalidad.

Como puede verse la puesta en práctica de la normativa sobre seguridad laboral buscar reducir la aparición de accidentes. Con el paso de los años las empresas han realizado los esfuerzos por mejorar la implementación de las medidas correspondientes para proporcionar un entorno ocupacional más idóneo a sus empleados. Sin embargo, esta sana práctica tiene su excepción en los sectores más informales de la actividad minera.